Diario El Peso
La historia, que comienza en Lake Wales, Florida es la siguiente: un niño de nueve años es secuestrado de su hogar y violado en un terreno de béisbol por un afro-americano con patillas tupidas y bigote. Un pariente sugiere en base a la descripción dada, que podría tratarse de James Bain. Se exhiben al niño violado una serie de fotos y este señala la de James Bain como la de su victimario.
Los tests seriológicos existentes en ese momento, no permitían concluir en la autoría de James Bain y este clamaba su inocencia, pretendiendo que en el momento en que el hecho delictivo tuvo lugar, él veía televisión con su hermana. Pero el jurado, basándose fundamentalmente en el reconocimiento fotográfico mencionado condenó a Bain, que en esa época tenía 19 años, a prisión perpetua. Era el año 1974.
En el año 2001 el estado de Florida autorizó la utilización de tests de ADN para revisar ciertas causas. El convicto Bain solicitó el reexamen de la suya, pero tal posibilidad le fue denegada en varias ocasiones. En el 2009, "Innocent Proyect",una organización sin fines de lucro ligada a la Facultad de Derecho "Benjamín Cardozo" de la Universidad Yeshiva que asiste a condenados en circunstancias dudosas, se interesó en el caso. Gracias a su apoyo Bain logró finalmente que se autorice la realización de pruebas de ADN.
Se compararon así los vestigios de semen presentes en la ropa interior de la víctima de aquel entonces con el del presunto autor: James Bain era el convicto equivocado. El verdadero crimininal, podría estar paseando por Florida a menos que entretanto se lo haya llevado el Diablo. El juez que procedió a la revisión manifestó a Bain: "Felicitaciones, usted es un hombre libre". Habían pasado 35 años. James Bain, ahora de 54 años fue liberado al conocerse los resultados.
Bain hizo prueba de una increíble entereza moral durante todo el tiempo que duró su condena. Una vez liberado, se mostró afable y particularmente sereno durante las entrevistas con la prensa. Declaró no guardar rencor: quería simplemente ver a su madre.
En compensación por los años en prisión, tiene derecho a una indeminzación de más de 1 millón y medio de dólares. (50.000 dólares por año de cárcel, según la legislación de Florida). El dinero empero no le devolverá la juventud esfumada tras las rejas. Puede consolarse de que al menos no fue condenado a muerte, en cuyo caso, ninguna reparación hubiera sido posible.
Este caso trae consigo patéticas evidencias: primero, los límites de elementos de prueba tales como pruebas testimoniales, los reconocimientos "en fila", a los que pueden agregarse las "confesiones" efectuadas en circunstancias dudosas.
Otra, las limitaciones de los jurados, quienes frente a la entidad del crímen, ofuscados por la opinión pública y por sus propias conciencias, persiguen a toda costa el castigo ejemplificador en lugar del castigo justo. Cuando el ansia de justicia se muda en la de un culpable emblemático, la condena precipita a veces a quienes tienen el aspecto equivocado, "la cara del oficio" como se dice, o al que se encontraba en el mal momento en el lugar equivocado. Con frecuencia, son más vulnerables los integrantes de las "minorías visibles", eufemismo reconfortante para designar aquellos que no poseen el color de piel "adecuado" en las sociedades desarrolladas.
Todo juzgador debería examinar serenamente, en lo más íntimo de su conciencia, la posibilidad de estar equivocado, por más concluyentes que sean las apariencias, por grande que sea la exigencia y el furor de la opinión pública. "In dubio pro reo", más que una máxima abstracta es para el juez una garantía frente a sí mismo, frente a su propio juicio.
Lo más lamentable de todo esto, es la evidencia de que existen en la justicia errores aberrantes y que el caso de este artículo no es, desgraciadamente, un caso aislado ni en los Estados Unidos ni en cualquier otro lugar del planeta. Según lo manifesta "Proyect Innocence", quien ha propiciando el reexamen de numerosos casos dudosos mediante tests de ADN, se inocentaron hasta el presente a 245 condenados por error en los Estados Unidos, de los cuales 27 en el transcurso del 2009. Entre las víctimas rescatadas del error judicial figuran 17 condenados a muerte.