"Falso Culpable" es un proyecto desarrollado por el Grupo de Investigación en Psicología del Testimonio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de analizar las principales causas que llevan a que un inocente sea acusado de crímenes que no cometió.

La mayoría de los falsos culpables se deben más a los errores del Sistema que a la intención deliberada de condenar a inocentes.

Según la asociación norteamericana Innocence Project en torno a un 75% de los errores judiciales se deben a fallos en los procedimientos de identificación. Los errores en el reconocimiento de personas en la vida cotidiana son algo completamente usual, que forma parte del funcionamiento normal de nuestros sistemas cognitivos. Sin embargo, pasan a la categoría de problema grave las falsas identificaciones en entornos judiciales.

Los problemas de memoria (falsos recuerdos) de testigos y víctimas son otro de los principales factores que provocan falsas acusaciones.

Un mejor conocimiento de los errores que posibilitan los falsos culpables podría evitar, o al menos minimizar su incidencia.

Justicia tramita 331 quejas de presos inocentes y de detenidos por error

El ministerio solo indemnizó en 2010 a un hombre que pasó 13 años encarcelado

CAROLINA GARCÍA / JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ 
Madrid - 11/04/2011
EL PAÍS.com

El Ministerio de Justicia registró en 2010 un total de 331 expedientes de ciudadanos injustamente privados de libertad por errores u omisiones judiciales. Se trata de víctimas de erráticas órdenes de busca y captura que acaban con honrados ciudadanos en calabozos policiales; de autos de prisión contra sospechosos que, tras meses presos, acaban absueltos; y, los más graves, de errores garrafales que llevan a la cárcel a personas totalmente inocentes. Actualmente, Justicia tramita 29 casos de presos inocentes, otros 288 de personas que acabaron como preventivas entre rejas y luego fueron absueltas y otros 14 de detenidos por órdenes de captura equivocadas.
Decía Concepción Arenal que más vale que haya 100 asesinos en la calle que un inocente entre rejas. Según datos del Ministerio de Justicia, entre los años 2000 y 2010 se han tramitado 201 casos de ciudadanos totalmente inocentes encarcelados. Del último año, 2010, Justicia tiene registrados 29 expedientes. Entre ellos, el de Rafael Ricardi, el vecino de Cádiz que soportó 13 años de cautiverio por una violación que no cometió. El de Ricardi es el único asunto que ha indemnizado Justicia en 2010: 555.000 euros. Otro error gravísimo de antaño fue el de Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de la joven de Mijas (Málaga) Rocío Wanninkhof, por el que pasó 17 meses presa. Exige cuatro millones de euros.
Pero hay otras muchas equivocaciones judiciales que no afloran, no son indemnizadas y que han generado gran sufrimiento a sus víctimas. En 2008, con 42 casos de los catalogados gravísimos, justicia únicamente indemnizó seis de ellos con un total de 167.000 euros. Y en 2009 estimó solo dos de los 52 casos registrados: desembolsó 8.000 euros.
De los 29 expedientes gravísimos de 2010, algunos aún en fase de estudio, es posible que solo reciban reparación "cuatro o cinco de ellos", según fuentes del ministerio. Muchos expedientes son desestimados, no por ausencia del error, sino porque legalmente la indemnización está supeditada a una sentencia del Tribunal Supremo que así lo determine.
Aparte de estos 29 errores gravísimos, hay otros 288 expedientes de ciudadanos que, tras sufrir prisión preventiva, quedan en libertad sin cargos; y otros 14 que fueron arrestados por erráticas órdenes de busca y captura. Salvo resolución judicial expresa, es inusual que el ministerio indemnice a los preventivos luego absueltos. El argumento es que se trata de sospechosos que alcanzan la absolución por falta de pruebas. Es el caso, por ejemplo, de José L. S., de Collado Villalba (Madrid), a quien Justicia le ha denegado la indemnización de 500.000 euros que pedía tras haber estado dos meses preso como sospechoso de matar a un ex piloto de Iberia. Alegó, sin éxito, el calvario que soportó "durante 39 meses [duración de su proceso]" y que le causó, aparte del daño moral, "pérdida de empleo" y destrozos en su casa durante el registro policial tras su detención.

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