"Falso Culpable" es un proyecto desarrollado por el Grupo de Investigación en Psicología del Testimonio de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con el objetivo de analizar las principales causas que llevan a que un inocente sea acusado de crímenes que no cometió.

La mayoría de los falsos culpables se deben más a los errores del Sistema que a la intención deliberada de condenar a inocentes.

Según la asociación norteamericana Innocence Project en torno a un 75% de los errores judiciales se deben a fallos en los procedimientos de identificación. Los errores en el reconocimiento de personas en la vida cotidiana son algo completamente usual, que forma parte del funcionamiento normal de nuestros sistemas cognitivos. Sin embargo, pasan a la categoría de problema grave las falsas identificaciones en entornos judiciales.

Los problemas de memoria (falsos recuerdos) de testigos y víctimas son otro de los principales factores que provocan falsas acusaciones.

Un mejor conocimiento de los errores que posibilitan los falsos culpables podría evitar, o al menos minimizar su incidencia.

Nadie me ha pedido perdón

EL PAÍS
F. J. ROMÁN - Cádiz - 30/07/2008 
"Nadie me ha pedido perdón. Eso es lo peor". El portuense Rafael Ricardi, de 48 años, que el pasado jueves salió de la cárcel de Topas, en Salamanca, tras 13 años de prisión por una violación que no cometió, ofreció ayer una larga conferencia de prensa para contar su experiencia y situarse a sí mismo como "una víctima señalada injustamente con el dedo".
Ricardi se reconoció "desorientado y asustado" en el "mundo nuevo" que ha encontrado a su salida de prisión en el que "todo es raro". Sus asesores legales estudian la petición de una compensación económica por el error que le ha llevado a prisión, pero Rafael, que ahora disfruta del tercer grado penitenciario en tanto se tramita su libertad definitiva ante el Tribunal Supremo, aseguró que lo primero que quiere es recibir una disculpa: "Después de tantos años no me han pedido ni perdón", denunció.
Con el rostro cansado, voz rota, muy serio y acompañado por su hija Macarena y dos abogados de Pro Derechos Humanos de Andalucía, Antonia Alba y Juan Domingo Valderrama, Ricardi explicó que su mayor deseo es "recuperar" su vida, que lo que le apetece "es salir a pasear por la calle y la playa", y que intenta superar el estado de ansiedad que le ha provocado la reapertura del caso, después de que una pruebas de ADN identificasen a los verdaderos culpables de la violación que se le imputó en 1995. "No conozco a ninguno de los dos agresores ni conozco a la víctima, a la que reconozco como eso, como una víctima, porque yo he sido otra", dijo.
Ricardi aseguró que siempre ha mantenido que era inocente, ante su familia y los jueces. Sus abogados recordaron que las violaciones que se produjeron en el entorno de El Puerto en 1995 "continuaron después de que Ricardi hubiese sido detenido".
Desde el lunes está en manos de un equipo de psicólogos que le ayuda a superar el trance vivido. "El error que han cometido, por mucho que hagan, no está pagado", advirtió ayer. A pesar de ello, afirmó con voz pausada: "Siempre he creído y sigo creyendo en la justicia: sabía que algún día este caso se podía solucionar".
Durante sus años de privación de libertad, Ricardi ha recurrido a sus creencias: "Creo en Dios y en mi familia".
Esa familia es ahora la que le acoge y le explica las "cosas nuevas que no conoce", declaró su hija Macarena. "Cuando salimos de la cárcel le di el móvil para que hablase con los suyos, y no sabía cómo cogerlo", explicó su abogada como ejemplo del efecto que han tenido sobre él los años de cárcel.
Pro Derechos Humanos de Andalucía advirtió ayer que el caso de Ricardi no es el único que se puede estar dando en las cárceles españolas. Valderrama denunció ayer que la presión social y "la carencia de medios con los que trabaja la policía y la justicia, lleva a errores como éste, que aún hoy se siguen produciendo".

Medio millón de euros por 13 años en prisión por error

Rafael Ricardi será indemnizado por la pena cumplida por una violación hasta que una prueba de ADN lo exoneró

EL PAÍS
PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 29/10/2010
Una casa en condiciones. Bonita, con flores, quizás con un pequeño jardín. Lo que nunca ha tenido. También un viaje a Palma de Mallorca. Con su mujer, con su hijo. Rafael Ricardi no está acostumbrado a que sus sueños se hagan realidad y ahora será posible.
Una casa en condiciones. Bonita, con flores, quizás con un pequeño jardín. Lo que nunca ha tenido. También un viaje a Palma de Mallorca. Con su mujer, con su hijo. Rafael Ricardi no está acostumbrado a que sus sueños se hagan realidad y ahora será posible. El Consejo de Estado acaba de emitir informe favorable para que pueda cobrar la indemnización de 555.000 euros por haber pasado 13 años en la cárcel por un delito de violación que no cometió. "Esto no está pagado con todo el dinero del mundo", sentencia. Pero a continuación, atropelladamente, admite que el dinero le reconforta en parte. Le permitirá salir del minúsculo piso donde vive en el centro de El Puerto de Santa María (Cádiz) y comenzar lo que él llama "una vida mejor".
A Ricardi le condenaron unas pruebas que resultaron ser erróneas. Un parecido con el verdadero autor de la violación, un reconocimiento visual equivocado de la víctima y una sucesión de errores judiciales. La misma justicia que le hizo pasar 13 años en la cárcel tuvo que corregir el error después de que la Policía identificara unos restos de ADN almacenados de aquel caso con los de otro hombre que acababa de ser detenido. Esos presuntos verdaderos autores de esa violación por la que fue condenado Ricardi están ahora pendientes de juicio.
La salida de la cárcel dio a Ricardi relevancia pública. Llegó a aparecer en algún programa de televisión. Pero la efímera fama no le permitió ni obtener un empleo ni dejar de depender de la mínima paga de 400 euros que obtenía como desempleado recién salido de prisión. Ese ahogo económico fue el que le llevó a aceptar rebajar su petición inicial de diez millones de euros a los algo más de medio millón de euros que finalmente recibirá. "Estamos contentos por la predisposición del Gobierno pero está claro que es insuficiente. Lo único bueno es que esto va a llegar a buen puerto", explica su abogada, Antonia Alba.
Exigir más dinero le hubiese llevado a un proceso judicial que hubiese retrasado varios años más su causa. El Consejo de Estado ha dado el visto bueno a su indemnización y ahora debe ser el Ministerio de Economía el que autorice el pago.